Urge replantear el sistema de comercialización de granos del país

(Especial para NA por Omar Barchetta*)--
 Luego de la disolución de la Junta Nacional de Granos, en 1991,
hace falta debatir en el país cuál es el marco que ordena y
regula el comercio de granos de la Argentina, sabiendo que es uno
de sus principales motores de la economía nacional.
   Creemos que el camino del libre mercado, la apertura
económica y la desregulación como única alternativa no ha sido la
mejor opción para el conjunto de los actores.
   Prueba de esto son los niveles de concentración del mercado de
granos, donde un minúsculo grupo de exportadoras controlan a
discreción el comercio y hacen valer la posición de mercado que
detentan, mientras los productores primarios, las cooperativas, y
acopios chicos cada vez tienen menos poder para influir y
defender sus precios.
   A esta situación podemos agregar la falta de integración,
oportunidad y agregación de valor de la agricultura
de pequeña escala, que evidencia la ausencia de políticas
públicas en ese sentido.
   Producto de todo lo anterior es preocupante la poca
transparencia en la formación de los precios agrícolas y la
cartelización del mercado, cuando por ejemplo, las exportadoras
realizan compras directas a productores, acopios, cooperativas,
las cuales no quedan ni registradas las operaciones en el recinto
de las Bolsas de Cereales.
   Además, los precios que recibe el productor por la venta de sus
granos a través de las pizarras, en pocas oportunidades reflejan
el valor FAS (FOB menos impuestos y gastos de fobbing),
produciéndose como en el caso del trigo una escandalosa
transferencia de recursos de los productores a las exportadoras.
   Tampoco es el camino correcto la intervención del gobierno
nacional en el mercado de granos.
   Ahora que este gobierno intervenga mal, no impide que
planteemos un esquema moderno, institucionalizado, participativo
de ordenamiento, transparencia y regulación del comercio de
granos, que evite la cartelización del negocio, que garantice la
transparencia en la formación de los precios y asegure a los
pequeños y medianos productores rentabilidad.
   El estado no puede encontrarse ausente de la principal
economía de la argentina que es el comercio de granos y alimentos
y permitir rentas extraordinarias a verdaderos monopolios
privados.
   Debemos sancionar las leyes necesarias que vuelvan a
equilibrar las relaciones de intereses de los actores del sector
privado y el interés publico.
   Debemos pensar en instrumentos u organismos tales que posean
estructura y capacidad de gestión para intervenir en beneficio de
todos y no de un determinado sector minoritario.
   Debemos pensar en reglas de juego claras y previsibles que
aseguren un equilibrio en los distintos eslabones que componen el
sector agropecuario y agroindustrial nacional, y permitan la
participación de los distintos sectores involucrados, como las
entidades del campo, bolsas de cereales, cámaras industriales,
consumidores y otras.
   A modo de síntesis podemos señalar que debemos lograr
acuerdos para crear un nuevo diseño institucional moderno que nos
permita superar la matriz liberal económica de los noventa y un
modelo de intervención discrecional, desprolijo y muchas veces
funcional a los sectores concentrados de la economía que lleva
adelante el gobierno nacional, especialmente la Secretaría de
Comercio Interior.
   Por lo expuesto, la Federación Agraria Argentina promueve la
creación de Organismos de intervención en las etapas comerciales,
de carácter participativo y con las atribuciones necesarias para
aplicar las políticas públicas que el conjunto del país necesita.
   El trigo: un ejemplo más de la necesidad de ir hacia un nuevo
sistema en el comercio de granos.
   Los productores trigueros pierden 688 millones de dólares de
la actual campaña, mientras que el costo total de las toneladas
requeridas por la molinería para producir pan es de 600 millones
de dólares.
   Desde la implementación de los cupos de exportación en el año
2006 el precio del pan aumentó 140 por ciento, (subsidios
millonarios a la molinería mediante).
   Actualmente la reducción en el precio del trigo percibido
alcanza un 23 por ciento (en torno de 50 dólares por tonelada)
que sumado a los derechos de exportación del 23 por ciento, la
retención asciende al 46 por ciento.
   (*)Vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina.