Barack Obama busca prevenir problemas de contaminación alimentaria que provocan más de 100 mil hospitalizaciones anuales en Estados Unidos.
El presidente Barack Obama promulgó la Ley de Modernización de la Seguridad de los Alimentos, la cual busca prevenir problemas de contaminación alimentaria que provocan más de 100 mil hospitalizaciones anuales en Estados Unidos.
La nueva legislación, que representa la más ambiciosa reforma en la regulación de alimentos en Estados Unidos desde 1938, fue aprobada por la vía rápida en la sesión especial del Congreso luego de una cadena de incidentes por alimentos contaminados en el país.
Se estima que uno de cada seis estadunidenses, es decir unos 48 millones de personas, sufre cada año enfermedades provocadas por alimentos, muchas de las cuales tienen consecuencias fatales.
Por primera vez, la legislación otorgará a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) el mandato legal para exigir controles integrales de prevención en toda la cadena alimenticia.
Los nuevos estatutos exigen que las instalaciones de procesamiento de alimentos evalúen los riesgos en sus operaciones, implementen y monitoreen medidas para evitar contaminación y tengan planes correctivos.
La ley otorga asimismo nuevos poderes a la FDA para inspeccionar los millones de productos alimenticios que entran a Estados Unidos de otros países, que representan 15% de la comida que se consume en la nación.
Estados Unidos importa anualmente 60% de frutas y vegetales y 80% de pescados y mariscos, pero con las nuevas reglas, la FDA podrá prohibir el ingreso de productos importados si el país exportador se rehúsa aceptar una inspección oficial.
Los estatutos también establecen que la FDA tendrá autoridad para poner en suspenso la venta al público de cualquier alimento que considere inseguro, toda vez que con anterioridad se trataba de un recurso voluntario para las empresas.
La ley sólo excluye de sus obligaciones a negocios o granjas con ingresos menores a los 500 mil dólares anuales.
La legislación tiene un costo superior a 1.4 mil millones de dólares para los próximos cinco años, monto que deberá ser aprobado por la nueva mayoría Republicana de la Cámara de Representantes en momentos que sus miembros apoyan una reducción del gasto público.
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El presidente Barack Obama promulgó la Ley de Modernización de la Seguridad de los Alimentos, la cual busca prevenir problemas de contaminación alimentaria que provocan más de 100 mil hospitalizaciones anuales en Estados Unidos.
La nueva legislación, que representa la más ambiciosa reforma en la regulación de alimentos en Estados Unidos desde 1938, fue aprobada por la vía rápida en la sesión especial del Congreso luego de una cadena de incidentes por alimentos contaminados en el país.
Se estima que uno de cada seis estadunidenses, es decir unos 48 millones de personas, sufre cada año enfermedades provocadas por alimentos, muchas de las cuales tienen consecuencias fatales.
Por primera vez, la legislación otorgará a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) el mandato legal para exigir controles integrales de prevención en toda la cadena alimenticia.
Los nuevos estatutos exigen que las instalaciones de procesamiento de alimentos evalúen los riesgos en sus operaciones, implementen y monitoreen medidas para evitar contaminación y tengan planes correctivos.
La ley otorga asimismo nuevos poderes a la FDA para inspeccionar los millones de productos alimenticios que entran a Estados Unidos de otros países, que representan 15% de la comida que se consume en la nación.
Estados Unidos importa anualmente 60% de frutas y vegetales y 80% de pescados y mariscos, pero con las nuevas reglas, la FDA podrá prohibir el ingreso de productos importados si el país exportador se rehúsa aceptar una inspección oficial.
Los estatutos también establecen que la FDA tendrá autoridad para poner en suspenso la venta al público de cualquier alimento que considere inseguro, toda vez que con anterioridad se trataba de un recurso voluntario para las empresas.
La ley sólo excluye de sus obligaciones a negocios o granjas con ingresos menores a los 500 mil dólares anuales.
La legislación tiene un costo superior a 1.4 mil millones de dólares para los próximos cinco años, monto que deberá ser aprobado por la nueva mayoría Republicana de la Cámara de Representantes en momentos que sus miembros apoyan una reducción del gasto público.
