La Comisión de Enlace provincial solicitó a la Mesa Nacional definir un cese total de actividades para el sector, en rechazo a la intervención que realiza el Gobierno nacional sobre el mercado de trigo.
La moción fue acordada la noche del jueves, luego de la asamblea convocada por las entidades rurales (Coninagro, Cartez, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina) en Monte Buey, donde se reunieron 150 productores.
“Es un pedido solidario con todos los productores trigueros del país, que están siendo afectados por la medida. En especial aquellos que tienen al cereal como el único cultivo posible y, en las actuales condiciones, lo tienen que malvender. Por eso el pedido de que el cese sea para todos los productos agropecuarios”, sostuvo Marco Giraudo, presidente del Consejo provincial de Coninagro.
La decisión de Córdoba, que se suma a las expresadas en otras regiones del país, sería analizada la próxima semana por la Mesa de Enlace nacional. De ser aprobada, la medida de fuerza se concretaría en enero.
“Debemos mostrarle al Gobierno que el campo está molesto con este actuar. Además de demostrarle que todavía tenemos capacidad para movilizarnos, en la medida de que no seamos escuchados”, admitió Giraudo.
La promesa del Gobierno de liberar la exportación de trigo no termina de convencer a los productores, que están percibiendo 50 dólares menos por tonelada en relación con la capacidad real de pago que tienen los exportadores (FAS teórico).
“El trigo está rindiendo bien, pero la trasferencia de ingresos que está haciendo el productor hace que los números finales del cultivo sean moderados”, sostuvo el presidente de Cartez, Néstor Roulet.
Para el dirigente, sobre un trigo de 40 quintales por hectárea, el productor está perdiendo por la intervención oficial el equivalente a nueve quintales (22 por ciento)
Además del cese de actividades, la asamblea decidió declarar el estado de alerta permanente, con la participación en movilizaciones locales y regionales.
Ante la imposibilidad de vender el trigo, los productores solicitan también una prórroga en el pago de los impuestos municipales, provinciales y nacionales. Acordaron rechazar los acuerdos suscriptos entre el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y diversas provincias, por considerar que la única solución factible está en la liberación de las exportaciones y no en su cuotificación.
La moción fue acordada la noche del jueves, luego de la asamblea convocada por las entidades rurales (Coninagro, Cartez, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina) en Monte Buey, donde se reunieron 150 productores.
“Es un pedido solidario con todos los productores trigueros del país, que están siendo afectados por la medida. En especial aquellos que tienen al cereal como el único cultivo posible y, en las actuales condiciones, lo tienen que malvender. Por eso el pedido de que el cese sea para todos los productos agropecuarios”, sostuvo Marco Giraudo, presidente del Consejo provincial de Coninagro.
La decisión de Córdoba, que se suma a las expresadas en otras regiones del país, sería analizada la próxima semana por la Mesa de Enlace nacional. De ser aprobada, la medida de fuerza se concretaría en enero.
“Debemos mostrarle al Gobierno que el campo está molesto con este actuar. Además de demostrarle que todavía tenemos capacidad para movilizarnos, en la medida de que no seamos escuchados”, admitió Giraudo.
La promesa del Gobierno de liberar la exportación de trigo no termina de convencer a los productores, que están percibiendo 50 dólares menos por tonelada en relación con la capacidad real de pago que tienen los exportadores (FAS teórico).
“El trigo está rindiendo bien, pero la trasferencia de ingresos que está haciendo el productor hace que los números finales del cultivo sean moderados”, sostuvo el presidente de Cartez, Néstor Roulet.
Para el dirigente, sobre un trigo de 40 quintales por hectárea, el productor está perdiendo por la intervención oficial el equivalente a nueve quintales (22 por ciento)
Además del cese de actividades, la asamblea decidió declarar el estado de alerta permanente, con la participación en movilizaciones locales y regionales.
Ante la imposibilidad de vender el trigo, los productores solicitan también una prórroga en el pago de los impuestos municipales, provinciales y nacionales. Acordaron rechazar los acuerdos suscriptos entre el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y diversas provincias, por considerar que la única solución factible está en la liberación de las exportaciones y no en su cuotificación.
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